El 20 de mayo de 2024, Al Día Suroeste publicó el artículo “Ministerio de Ambiente paga a funcionarios para hacer oposición a proyectos mineros” (ver) que evidencia cómo Juan Gonzalo Marín Fuentes, enlace territorial que designó este Ministerio en el Suroeste y Occidente de Antioquia, es un contradictor del proyecto minero Quebradona cayendo en un claro conflicto de interés.
El 2 de diciembre de 2022, en reunión convocada por la Defensoría del Pueblo, Marín se presentó como enlace territorial del Ministerio de Ambiente, diciendo entre otras que su misión era gestionar los conflictos socioambientales.
Lo que Marín no mencionó en su presentación es que era activista en contra del proyecto minero Quebradona, si lo hubiera hecho, lo deberían haber declarado impedido para participar de una mesa como representante de una entidad que debe ser mediadora y garante de los derechos de todos los implicados en lo que el Ministerio de Ambiente cataloga como conflicto socioambiental: contradictores al proyecto minero, empresa minera y empleados; y comunidades favorables al proyecto.
Al Día Suroeste reveló el conflicto de interés con pruebas documentales: foto de Marín participando en un evento de oposición a Quebradona; sus publicaciones en contra del proyecto Quebradona en el periódico Despierta Jericó; su participación en este periódico -que editorialmente se opone a Quebradona- como miembro del Comité Editorial; así como los contratos que ha tenido con el Ministerio de Ambiente.
No contento con dicha publicación, Juan Gonzalo Marín le pidió a su hermano José Luis Marín Fuentes, quien es abogado y docente de la Universidad de Medellín -interpuso una tutela en 2021 a través de un tercero, para defender al cuestionado ex alcalde de Medellín Daniel Quintero y frenar su revocatoria- (ver), que enviara un derecho de petición a Al Día Suroeste.
El derecho de petición del hermano abogado de Juan Gonzalo Marín constó de 15 preguntas, dentro de estas, pedía que se revelaran fuentes de información, desconociendo que los medios de comunicación y periodistas debemos proteger las fuentes (ver derecho de petición). Como no sabíamos la relación de hermandad entre el abogado y el enlace territorial, la respuesta que le dimos a José Luis Marín era que nos contara en calidad de qué estaba actuando, entendiendo que el artículo no tenía relación con él (ver primera respuesta al derecho de petición).
El abogado Marín no quiso enviarnos respuesta e interpuso una acción de tutela ante el Juzgado Veintiséis Administrativo Oral de Medellín porque consideraba vulnerado su derecho a “obtener una información precisa e idónea” y demandaba una respuesta de fondo a su petición (ver tutela).
Desde Al Día Suroeste le enviamos respuesta a su petición con copia al juzgado. Debimos dejarle en claro que no estábamos obligados a responder varias de sus preguntas porque violaban la reserva de fuentes -que él como abogado debe saber- y porque algunas de estas no se relacionaban con la nota periodística (ver segunda respuesta al derecho de petición de José Luis Marín).
El Juzgado se pronunció frente a la tutela. Con base en la respuesta que le enviamos a Marín, concluyó que habíamos dado una respuesta clara, precisa y que resolvía de fondo su petición, satisfaciendo su derecho fundamental, declarando este hecho como superado (ver fallo).
Los hermanos Marín no quedaron satisfechos con el fallo. Apenas conocieron el pronunciamiento del Juzgado, Juan Gonzalo Marín denunció penalmente a Al Día Suroeste por el delito de calumnia, cuando las evidencias de su oposición al proyecto Quebradona están ampliamente documentadas, así como el nulo diálogo social -parte de su misión como enlace territorial del Ministerio de Ambiente- con las comunidades que apoyan el proyecto minero.
Al momento de publicar este artículo, no se ha tenido la diligencia en Fiscalía. Este hostigamiento judicial por parte de los hermanos Marín no impedirá que sigamos investigando y divulgando asuntos de interés público así los incomode. Al fin y al cabo, ese es uno de los deberes del periodismo.
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